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Por las razones incorrectas

Marcela Perticara

Publicada el: 19/02/2008


La Segunda, miércoles 13 de febrero de 2008

La ley de subcontratación vuelve a ser noticia, pues la Contraloría estableció que la obligación de internalizar empleados de las subcontratistas, no rige para los organismos del Estado, un hecho que nos permite retomar un tema importante: la necesidad de atacar los problemas con instrumentos correctos.

La ley de subcontratación se sancionó para reglar una actividad que se desarrollaba sin control. La regulación se justificaba -según autoridades del Trabajo, algunos sindicatos y legisladores- ya que en muchas empresas contratistas y de servicios transitorios las condiciones laborales y seguridad eran muy malas.

En sus puntos principales, la ley obliga a las empresas a registrarse y depositar garantías; prohíbe que se provean trabajadores temporarios para actividades habituales o permanentes y, exige a las empresas que hacen uso de trabajadores temporales o contratistas a responsabilizarse por el cumplimiento de las normas laborales y previsionales. Además, prohibe la subordinación directa de los empleados contratistas hacia la empresa mandante.

Tomemos como cierta la evidencia de que, en muchos casos, las condiciones de trabajo y seguridad en el sector de servicios transitorios son malas. Entonces, la primera opción legal sería hacer cumplir las normativas que establecen las obligaciones de las empresas con sus trabajadores. Si la Dirección del Trabajo no tiene recursos o facultades para actuar de oficio y solo responde a denuncias, es otro tema. Si, en cambio, el problema es la proliferación de contratos por faena -o a plazo- y el empleo transitorio, la pregunta correcta es cómo alinear los incentivos para que las empresas prefieran tener contratos indefinidos. Independientemente de que las empresas puedan tener objetivos loables (responsabilidad social corporativa), en una economía de mercado el objetivo de estas es maximizar beneficios y, por ende, optar por las técnicas de producción más baratas. Si encarecemos ciertas modalidades de contratación temporal, las empresas no contratarán trabajadores en forma indefinida necesariamente, sino que, probablemente, optarán por sustituir trabajo por capital. Esto no solo inutilizaría las reformas sino que podría causar mayor desempleo.

La ley de subcontratación es un buen ejemplo de una mala normativa bien intencionada, que ataca modalidades de contratación ampliamente utilizadas en todo el mundo, pero por razones incorrectas. Ciertamente en el corto plazo ha “beneficiado” a los trabajadores de las contratistas. Los beneficios o costos en términos de empleo en el largo plazo aún están por verse, pero son previsibles.



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