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Vicios Públicos, Virtudes Privadas

Axel Christensen

Publicada el: 14/07/2005


La Segunda, 14 de julio de 2005.

Se le atribuye a Carlos Ibáñez del Campo, cuando decidía los nombramientos de cargos de confianza presidencial en el verano de 1952, advertir "el que toca ministerio, no toca camioneta; y el que toca camioneta, no toca ministerio.”

Más de cincuenta años más tarde parece que poco ha cambiado. ¿Hasta ahora? Pareciera que estamos frente a un punto de inflexión en nuestra tolerancia al tráfico de influencias y la “amistocracia”, aquellas encarnaciones más comunes de la corrupción en nuestro país.

Pareciera que llegamos al umbral de la tolerancia de las prácticas que hasta hace algunos años eran aceptables para la opinión pública. De la misma manera, ya no es aceptable para ella el que las empresas privadas no consideren el impacto de sus actividades en el medio ambiente, como se ha visto en el cierre de la planta de Valdivia de Celco.

Así, las empresas privadas han visto el beneficio de desarrollar virtudes que suelen encontrarse en el sector público, como ser permeables a su percepción por parte de la comunidad.

Los recientes episodios de contratos entre empresas públicas y contrapartes cercanas al Gobierno también presenta la oportunidad de analizar de qué manera se resuelven este tipo de situaciones en el sector privado. Las empresas públicas están llamadas a adoptar –ni más, pero tampoco menos- que las mejores prácticas de gobernabilidad corporativa que hoy se les exige a las empresas privadas, al menos en los siguientes elementos:

Conflictos de Interés. En muchas ocasiones el costo de reducir los conflictos es demasiado alto. Más que eliminarlos, se debe buscar minimizarlos considerando los cotos y beneficios de hacerlo. Lo mismo debe tomarse en cuenta al regularse los contratos actualmente cuestionados: habrán beneficios pero también costos.

Transparencia. La luz del sol suele ser el mejor desinfectante. Un acceso transparente a situaciones que puedan ser fuentes de conflicto es un significativo paso para evitar la tentación de prácticas corruptas. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, las decisiones que involucran a personas relacionadas o presentan potenciales conflictos de interés deben ser debidamente informadas a los directores y a los accionistas en las memorias anuales y juntas de accionistas.

Equidad. Si se celebran contratos en que se presentan eventuales conflictos de interés, estos deben ajustarse a condiciones de equidad similares a la que habitualmente prevalecen en el mercado. De ser posible, deberán licitarse. En todo caso, el peso de la prueba estará en demostrar que los contratos fueron en condiciones de mercado.

Independencia. Es esencial contar con autonomía en la toma de decisiones, sobre todo en las situaciones que presentan conflictos de interés. En el caso de empresas privadas, las transacciones con relacionadas al controlador deberán ser aprobadas por directores que representen a los accionistas mayoritarios, absteniéndose de participar los directores que representan al controlador. En el caso de las empresas públicas, se deben incorporar mecanismos para que se asegure la mayor independencia de sus directores. Los nombramientos en TVN y el Consejo del Banco Central son experiencias interesantes a considerar.

Control. Si todo lo anterior falla, es importante contar con adecuados mecanismos de control. Aún con sus limitaciones, en el sector privado existen instancias de control internas y externas, que en muchos casos reportan directamente a los directorios. En el sector público, parece ya no bastar el rol de la Controlaría que se ha circunscrito a las formas más que al fondo de mucho de los contratos hoy cuestionados. Y no es que no existan recursos o capacidades en la administración pública. Bastaría con enviar en comisión de servicio al actual equipo del Servicio de Impuestos Internos. Sería un gran avance para el país…y un alivio, aunque momentáneo, para los contribuyentes.



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