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Neutralidad de la Red: De todos y para todos

Raúl Arrieta

Publicada el: 11/08/2010


La Segunda, miércoles 11 de agosto de 2010

Estamos próximos a ver la entrada en vigor de la Ley sobre Neutralidad de la Red. Se trata de una iniciativa orientada básicamente a obligar a que los proveedores de acceso a internet ofrezcan a los usuarios un servicio que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o los propios servicios. Así, esta ley deberá permitir que los usuarios no nos veamos limitados —por motivos caprichosos o de competencia— en los usos que hacemos de la red, por lo que uno debería pensar que quien tiene una conexión a internet no tendrá más limitaciones que las de la técnica. Por otra parte, se establece un sólido deber de información para los proveedores, en beneficio, nuevamente, de los consumidores, lo que busca que éstos tengan acceso a información de calidad a la hora de contratar el servicio. La ley establece ciertos contenidos mínimos que se deberán informar; no obstante, muchos de esos datos no dicen nada a las personas comunes y corrientes, por lo que es de esperar que la información se entregue de tal modo que, a la hora de contratar, se prioricen los datos —en cantidad y claridad— como para que los usuarios sepan qué cosas podrán y no podrán hacer con la conexión adquirida.

Nadie podría estar en desacuerdo con las inmensas bondades que traerá la ley, pero el trabajo recién comienza. Todos sus principios han de ejecutarse en un reglamento que debe dictar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Así, en términos reales, dependerá del Ejecutivo que esta ley concrete realmente sus beneficios, teniendo en consideración que nadie en el mundo se ha atrevido aún a regular esta materia y que, consecuentemente, una falla del Estado puede terminar siendo mucho más traumática que las propias fallas de mercado que hasta ahora han acompañado este servicio. Así, a la hora de reglamentar, cobra especial significación que los diferentes actores involucrados —es decir, las empresas, organizaciones civiles y los ciudadanos— tengamos espacio para opinar y hacer presente nuestras consideraciones.

Una buena estrategia en materias que tienen este nivel de complejidad e impacto para el país necesariamente debe dar cabida a mecanismos de autorregulación con efectos públicos, siempre pasando por procesos de consulta pública. Una excesiva o inadecuada regulación puede rigidizar el devenir de un futuro desconocido, pudiendo llegar a hacer más caro el servicio o demorando las inversiones necesarias para que realmente tengamos uno al alcance de todos.



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