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Instituciones autónomas

Javier Couso

Publicada el: 11/09/2006


El Mercurio, 11 de septiembre de 2006

Como futuro contralor, el Gobierno parece querer a una persona afín, con el pretexto de una modernización.


Cada día se hace más evidente que vivimos en una sociedad cuyos miembros discrepan -a veces, profundamente- sobre asuntos que atañen a lo más básico de nuestras existencias, desde la forma en que nacemos y morimos hasta el tipo de formación que queremos para nuestros hijos. Aunque para algunos este estado de cosas es alarmante y hasta indicativo de una suerte de decadencia espiritual, lo cierto es que representa un fenómeno común en las democracias occidentales más consolidadas. Éstas han logrado que personas y grupos con formas muy diferentes de entender lo que constituye una vida buena encuentren modos de convivir civilizadamente.

La trayectoria de esta clase de sociedades pluralistas sugiere que en materias como el aborto, la eutanasia o, incluso, la forma y la oportunidad de educar sexualmente a los menores de edad, las posiciones antagónicas tiendan a subsistir aun después de sesudos debates públicos, lo que plantea el problema de qué hacer ante tal estancamiento deliberativo. Una respuesta posible es dejar que sean las mayorías las que finalmente diriman el asunto, aunque ello es a menudo criticado por quienes arguyen que en materias tan trascendentales no cabe dejar a la mayoría la decisión final (si bien las propias declaraciones de derechos fundamentales son, finalmente, fruto de lo que decida la mayoría de quienes las elaboran). En este contexto, es habitual que estas controversias, tarde o temprano, terminen siendo ventiladas en el seno de entidades judiciales o cuasi judiciales, como tribunales constitucionales, cortes superiores de justicia y entidades de control de legalidad de los actos de la administración.

La experiencia de estos países también enseña que una vez que la clase política advierte el enorme poder de decisión de las entidades mencionadas suele sucumbir a la tentación de intentar controlarlas mediante la designación de personeros afines, lo que amenaza con reducir estas instancias funcionalmente diferenciadas del Gobierno y de la oposición a meras prolongaciones de estas últimas.

Un ejemplo cercano de este peligro se juega con el nombramiento del futuro contralor general de la república en nuestro país, en que el Gobierno parece querer instalar a una persona afín, bajo el pretexto de agilizar un proceso de modernización que lleva ya varios años en curso. Ojalá abandone tal ambición. Sería una señal de que el país empieza a tomar en serio esto de ser modernos.



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