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Regulación laboral y desempleo

Jorge Marshall

Publicada el: 15/09/2009


El Mercurio, martes 15 de septiembre de 2009

La regulación laboral en Chile ha tendido a extender excesivamente el rol arbitrador e intervencionista del Estado, lo cual no contribuye a la generación del capital social que antecede al diálogo social.


La alta tasa de desempleo se ha convertido en un problema estructural de la economía chilena: en los últimos diez años un 50% del tiempo hemos estado por encima del 9,5% y las condiciones para las mujeres y los jóvenes son bastante peores. En períodos de crisis el desempleo se agrava y volver a la normalidad toma un tiempo excesivo. Las causas de estos hechos están en el mal funcionamiento del mercado de trabajo y si bien se trata de un panorama que es viejo, hay estudios empíricos que permiten afirmar que la regulación laboral está agravando esta situación, alejándonos de un mercado basado en relaciones de cooperación entre los actores sociales, por lo que es el momento de revisar y enmendar este rumbo.

El deficiente funcionamiento del mercado de trabajo en Chile ha sido uno de los temas recurrentes de los análisis de la OCDE. Aparte del elevado desempleo, la tasa de participación femenina es de 39% en Chile y de 57% en los países miembros. En los jóvenes entre 15 y 24 años la participación es de 31% en Chile y de 50% en las economías desarrolladas. La diferencia no está en los que estudian, sino en la baja empleabilidad de este grupo, lo que también se refleja en una desocupación que más que duplica al promedio nacional. Por último, el número de personas ocupadas en un hogar pobre es en torno a 1,0 y en los no pobres es de 1,6.

Hay tres materias que han concentrado la mayor parte del debate sobre la regulación del mercado de trabajo. Primero, la heterogeneidad en los niveles de protección que tienen los trabajadores: mientras para algunos es cero para otros es mayor que los estándares internacionales. Los primeros padecen la inestabilidad, casi nula capacitación y estancamiento de su productividad. Los segundos, en cambio, tienen indemnizaciones más altas que en muchos países desarrollados, lo que lleva a que las empresas no formalicen los contratos de trabajo e inviertan poco en su capital humano. La consecuencia es que estamos perpetuando un mercado laboral segmentado que exacerba la desigualdad de oportunidades y de ingresos. Los esfuerzos por establecer un seguro de desempleo acorde a nuestro nivel de desarrollo no han logrado cumplir con la promesa que se formuló cuando se discutió el proyecto y las reformas posteriores han sido insuficientes para corregir esta situación.

El segundo tema que produce discrepancia es la subcontratación, que ha sido el camino que las empresas siguieron para buscar la flexibilidad que no tenían por otras vías. Nuevamente nos encontramos con la segmentación entre los trabajadores con un contrato regular y los que tienen un contrato distinto. La reforma de 2007 buscó resolver los excesos en que se había caído con el uso de este mecanismo, pero los criterios que se aplicaron en la regulación de la ley generaron nuevas dificultades, que no permiten despejar esta materia.

El tercer tema es la distribución de la jornada laboral, donde las partes tienen muy limitadas posibilidades de reasignar el tiempo de trabajo, aún cuando logren un acuerdo entre ellas. Reformas para que las normas sobre el período de trabajo sean más flexibles podrían ser muy beneficiosas para la productividad y también para las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Además, en la mayoría de los países desarrollados el trabajo a tiempo parcial se expande aceleradamente hasta adquirir una significación en el mercado de trabajo. En cambio el proceso ha sido muy tibio en Chile, afectando negativamente las oportunidades de las mujeres.

Cuando se plantean fórmulas para resolver estas materias se insiste –con razón- en que el diálogo social es indispensable para viabilizar estas reformas y que allí está el principal impedimento para avanzar. En efecto, las relaciones laborales en Chile están cruzadas por la desconfianza, con una baja cobertura en la sindicalización y con alto incumplimiento en las normas laborales.

Sin embargo, hay una pista para salir de esta inmovilidad porque investigaciones empíricas para los países desarrollados encuentran que existe una correlación negativa entre la regulación en el mercado de trabajo y la calidad de las relaciones laborales. Aquellos países que promueven un ambiente de negociación directa entre las partes generan mayor confianza entre las partes en las relaciones laborales. En contraste, cuando la autoridad asume el rol de “arbitrador” entre los grupos involucrados, sustituyendo a la negociación directa se producen mayores conflictos y menos grados de cooperación. En esta línea de análisis, la regulación laboral en una sociedad tendrá un alto efecto –positivo o negativo- en la calidad de las relaciones laborales que existirán en el futuro.

Esta causalidad entre relaciones laborales y regulación laboral opera en ambas direcciones: por una parte, bajos niveles de confianza generan una demanda por intervencionismo estatal y, por la otra, una regulación más fuerte impide que se desarrollen relaciones de colaboración entre los actores sociales. Por esta razón los países tienden a caer en situaciones de las cuales les resulta difícil –aunque no imposible- escapar.

La regulación laboral en Chile ha tendido a extender excesivamente el rol arbitrador e intervencionista del Estado, lo cual no contribuye a la generación del capital social que antecede al diálogo social. Estas prácticas no producen las condiciones para que las interacciones entre los grupos sociales maduren y puedan generar una base de confianza que les permita resolver sus diferencias con mutuo beneficio.

Chile enfrenta el desafío de crear más empleos para dar oportunidades de progreso a todos los grupos sociales. En este nuevo contexto, la calidad de las relaciones laborales y el estilo de la regulación adquieren relevancia por su influencia en el funcionamiento del mercado del trabajo.



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