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Desarrollo energético

Vivianne Blanlot

Publicada el: 12/12/2008


La Segunda, miércoles 10 de diciembre de 2008

La opinión pública ha observado en los últimos años un aumento en la preocupación por el desarrollo energético del país. La llamada “crisis del gas”, y un período de precios inéditamente altos de los combustibles fósiles han servido de estímulo a un cuestionamiento respecto a la estrategia de desarrollo energético, y a una discusión pública que parece concentrarse en la defensa o crítica de tecnologías o fuentes específicas. En la retina pública queda que existen partidarios y detractores del carbón, de las grandes represas, de la energía nuclear, y de las diversas fuentes renovables; siendo el conjunto de los ciudadanos chilenos y de los consumidores de energía, quienes se verán afectados por las decisiones que se tomen sobre la materia. Por lo mismo, no es un debate que pueda quedar dentro de círculos reducidos con intereses especiales, sino que debe abrirse a la sociedad. La pregunta es cómo la sociedad puede tomar decisiones sobre estas materias, en forma tal que la ciudadanía las legitime.

Chile requiere la definición de una Estrategia de Desarrollo Energético que constituya una Política de Estado, elaborada y discutida en profundidad con una participación amplia de centros de estudio, organizaciones no gubernamentales de diversa naturaleza y empresas, entre otros actores sociales. Todo bajo el liderazgo del Ejecutivo y en el seno del Congreso; considerando aspectos como la incertidumbre que rodea al sector; la diversa naturaleza de los costos ambientales, los que son inherentes al uso de la tecnología y pueden ser aplacados por ésta. Vivimos en un mundo donde los precios futuros de los recursos son inciertos y, por lo tanto, los costos económicos dependen del tipo de riesgo que se elija enfrentar. Es decir, el país necesita elegir los costos y riesgos económicos y ambientales que está dispuesto a asumir y el tipo de desarrollo energético que buscará. Existiendo una definición estratégica, es posible establecer instrumentos y normas coherentes con esta, y hacer más eficiente el actuar del Estado y los agentes privados. La inexistencia de dicha definición significará en cambio el desarrollo de aquellos proyectos que por razones coyunturales logren mayor apoyo y menor oposición en su tramitación, no pudiendo descartarse que sea la fuerza relativa de grupos específicos de interés la que determine el medio ambiente y el costo energético que enfrentaremos todos los chilenos en definitiva.



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