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02/11/2009

Videovigilancia: ¿Seguridad pública versus protección de derechos ciudadanos?

El incremento de la demanda ciudadana por mayor seguridad queda reflejado en la encuesta de Expectativas de la Universidad de Chile, dada a conocer el 27 de octubre, la cual reveló que la seguridad ciudadana es el principal problema para los chilenos (31,5%).

Por otra parte, la semana pasada el Consejo Regional (CORE) Metropolitano aprobó la compra e instalación de 298 cámaras de seguridad en 24 comunas de Santiago, política que en los próximos meses también se hará extensiva a otras regiones del país. Dentro de los beneficios derivados de la videovigilancia se encuentra la disminución de los comportamientos criminales que ocurren en determinados espacios públicos, lo que facilita la protección de las personas, la detección y control de delitos, y la obtención de pruebas que pueden ser utilizadas por la justicia.

No obstante, la televigilancia implica la utilización de sistemas que pueden considerarse intrusivos de la intimidad, los que podrían llegar a afectar los derechos de las mismas personas que se busca defender y proteger.

Es por este motivo que Expansiva UDP los invita a revisar el documento en foco nº 137 Videovigilancia e intervención administrativa: Las cuestiones de legitimidad, de Luis Cordero, en el cual el abogado y profesor busca despejar dudas respecto de cuáles son las reglas que regulan la videovigilancia, si éstas se ajustan a los estándares exigidos por la Constitución, si comprometen el derecho a la privacidad, y finalmente, si infringen la ley de datos personales.



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