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27/01/2010

Cambio constitucional sobre las aguas

Por Vivianne Blanlot
Investigadora de Expansiva UDP


El 6 de enero de 2010 la Presidenta Michelle Bachelet envío al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución que reconoce la condición de bien nacional de uso público al recurso hídrico del país. Este reconocimiento existe en la legislación vigente –tanto en el Código Civil como en el Código de Aguas – en lo que respecta a las aguas superficiales. Sin embargo, el proyecto extiende ese reconocimiento a todas las fuentes de agua y lo eleva al rango constitucional, equiparando el tratamiento de ésta al que rige para los recursos mineros y los hidrocarburos. Asimismo, la iniciativa establece que corresponde a la ley regular la concesión de los derechos sobre las aguas, agregando que los derechos otorgados entregarán a los titulares la propiedad de los mismos. Esto reafirma la situación actual en cuanto a la garantía de propiedad, sin afectar los derechos adquiridos ni la posibilidad de formación de un mercado para éstos. El proyecto busca dar mayor fuerza a la capacidad del Estado de proteger este recurso, requiriendo expresamente que la ley establezca las normas para el manejo del agua considerando la disponibilidad efectiva, la diversidad climática y geográfica, y la situación de las cuencas. El trasfondo de esta reforma constitucional es la capacidad que puede otorgar la ley al Estado para establecer normas de manejo o limitar el ejercicio de los derechos privados con el objeto de proteger el recurso hídrico de amenazas de sobreexplotación, y del deterioro o destrucción de los ecosistemas. En esto, la iniciativa equipara la norma nacional a los resguardos normativos existentes en la gran mayoría de los países, independientemente de su geografía y recursos.

No obstante sus méritos, el proyecto está lejos de resolver los problemas crecientes en el manejo de los recursos hídricos. Las situaciones más claras se dan en las regiones del norte del país, donde la escasez hídrica y el aumento de la demanda implican conflictos crecientes en cuanto al uso del recurso disponible y efectos ambientales graves, como la reducción crítica en algunos cursos superficiales y el paulatino agotamiento de las napas subterráneas.

La actual legislación confía al mercado la administración del recurso bajo el supuesto de que la libre transacción de los derechos optimizará económicamente el uso de éste. Si bien tal supuesto es atendible en una situación estática, en este sector tanto las deficiencias del mercado como la información imperfecta y las externalidades ecológicas resultan en efectos graves para la sustentabilidad ambiental, económica y social. Por lo anterior, debe ser regulado bajo un concepto integral y de largo plazo. No obstante, el mayor escollo para un correcto manejo es la completa falta de una institucionalidad adecuada en el Estado. A pesar de la importancia reconocida de este recurso, no existe una entidad política y administrativamente responsable de liderar la evaluación y la administración de largo plazo del mismo, ni de coordinar a los diferentes organismos del Estado que tienen atribuciones –segmentadas- sobre su uso y protección. En la práctica, hoy cualquier decisión requiere de la participación de al menos cinco organizaciones y autoridades públicas, técnicas y políticas, ninguna de las cuales tiene facultades y capacidades técnicas para liderar y coordinar los análisis y procesos de toma de decisión en forma efectiva y eficiente.

Desde el punto de vista de las capacidades del Estado, la situación del sector de aguas es similar a la del sector de energía previo a la crisis del gas, la que llevó al país a un consenso sobre la necesidad de una autoridad con visión de largo plazo del desarrollo sectorial, a la creación de las capacidades para ello -a través del nuevo Ministerio de Energía- y a una nueva estructura de relación de los órganos sectoriales existentes. Lo anterior no implica que la solución para el sector hídrico sea también la creación de un ministerio. Sí es necesario y urgente ordenar los organismos existentes, complementar sus capacidades y establecer una autoridad especializada a cargo de la coordinación de los asuntos hídricos.



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