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14/07/2010

Venta de activos en el sector sanitario

Por Vivianne Blanlot, La Segunda Miércoles 14 de Julio de 2010

Entre las opciones de financiamiento de la reconstrucción se ha mencionado la venta de la participación que mantiene el Estado en las principales empresas sanitarias del país, quien posee actualmente un 35% de Aguas Andinas, un 29,45% de ESVAL, y un 44,3% de ESSBIO.

La política sectorial aplicada desde el año 90 incluyó el perfeccionamiento y la puesta en marcha de un sistema tarifario que permitiera el autofinanciamiento del sector y de un mecanismo de subsidio focalizado al consumo de agua potable de la población de bajos ingresos, así como el diseño de una institucionalidad apropiada para hacerse cargo de los sistemas de agua potable rural. A fines de esa década, y luego de una modificación de la legislación sectorial que impuso límites a la concentración horizontal y perfeccionó el sistema tarifario, el Estado vendió una participación controladora de las principales empresas a inversionistas privados, reservándose una participación minoritaria pero significativa, con el objeto de mantener capacidad de influencia en el desarrollo futuro de las inversiones, en particular, debido a los altos montos requeridos para la disposición y el tratamiento de las aguas servidas, área del servicio con una baja cobertura hasta esa fecha.

En 1998 el país tenía sustantivamente resuelto el problema de la cobertura de agua potable en sectores urbanos con un 99,6%, y había alcanzado una amplia cobertura en alcantarillado con un 91,3%. Sin embargo, en tratamiento y disposición de aguas servidas la cobertura sólo llegaba a un 16,7%.

Así, luego de una década de participación privada la experiencia muestra que la política seguida en estos 20 años ha sido exitosa, y ha permitido que la cobertura de tratamiento en las empresas concesionarias controladas por el sector privado alcance 83,3% en promedio, a lo que se agrega que hoy los sistemas se autofinancian. La institucionalidad fiscalizadora ha tenido 20 años de maduración, adquiriendo experiencia en los distintos aspectos de la regulación del sector, desde la fiscalización de la calidad de servicio, hasta la fijación de tarifas.

La influencia del Estado como socio de los inversionistas privados no es ya un requisito para el desarrollo del sector de manera que la venta de la participación del Estado en las principales empresas sanitarias es una buena alternativa de financiamiento para inversiones prioritarias en los sectores sociales -y en la reconstrucción- sin presentar costos en el desarrollo de los servicios sanitarios, por haberse cumplido los objetivos que tuvo esa participación en su momento.



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